EL PROGRAMA QUE DARA UN GIRO 180 A ESPAÑA

1.SOBRE LA INDUSTRIA
POLÍTICA Y REGENERACIÓN NACIONAL

1.1. Vamos a reformar la estructura política de todos los Ayuntamientos y Comunidades
Autónomas, con el fin de dotarla de eficacia, reducir su coste para los ciudadanos y hacerla
coherente y compatible con el interés general de España, que es patrimonio de todos.
Serán profesionales formados y contrastados quienes realicen las gestiones municipales
y regionales de las que hoy se encargan los políticos. Esto supondrá un ahorro de 135.000
millones de euros.
1.2. Vamos a poner a disposición de nuestros jóvenes una ”Escuela de Gestión de
Empresas Públicas” en la que se proporcionará un título acreditado, dentro del sistema
público de enseñanza; a aquellos que servirán al interés público. Con esta medida, se dará
prioridad a la meritocracia, frente al amiguismo y servilismo ideológico que imperan hoy
entre aquellos que gestionan mucho de lo que nos afecta a todos. Una vez finalizados
dichos estudios, estos profesionales se incorporarán a la dirección de ayuntamientos,
comunidades autónomas y empresas estatales, que serán reducidas a la mínima
expresión.
1.3. Vamos a eliminar Diputaciones, Consejos y Cabildos, ya que gastan tanto en sí mismas
como en los españoles a los que dicen servir. Esto supone un ahorro de 8.000 millones de
euros, además de un freno a sus funciones de reparto sin control de dinero. Sus funciones
prácticas, si fuese necesario, pasarán o bien a los ayuntamientos o bien a las comunidades
autónomas.
1.4. Vamos a reorganizar el número de ayuntamientos con el objetivo de reducir su número
lo máximo posible. No se trata de convertir los ayuntamientos en conglomerados
municipales, sino en optimizar los servicios para hacerlos más eficaces y sacar el máximo
partido a los recursos económicos destinados a este fin.
1.5. La composición del equipo de gestión básico de un ayuntamiento va a ser: un
administrador, un abogado y un periodista. En función del tamaño del ayuntamiento, se
estudiarán las necesidades de apoyo a esas figuras.
1.6. El esfuerzo, el trabajo, la formación y la experiencia son las bases del éxito. Con ese
criterio se van a elegir los gestores de ayuntamientos y comunidades autónomas,
previamente formados.
Cada vez que sea necesario cubrir una plaza, la elección se va a hacer siguiendo los
siguientes conceptos:
– CV ciego y por méritos laborales y académicos.
– Jurado o Tribunal de elección independiente.
1.7. ¿Va a haber políticos en los ayuntamientos? Sí. Un representante por partido electo,
que va a gestionar el dinero sobrante resultante de las cuentas en base cero y por
porcentaje de voto.
Ej.: si un partido consigue el 10% de los votos su represéntate va a decidir que hace con
el 10% del presupuesto sobrante y así respectivamente.
1.8. Vamos a implementar un sistema estatal de fijación de remuneraciones para los
políticos, basado en la responsabilidad, volumen de presupuesto manejado y capacitación
de los perceptores; a imagen y semejanza de la empresa privada, con criterios uniformes
y transparentes para toda España, eliminando la competencia de que sean los políticos
quienes fijen su propio sueldo.
1.9. Cualquier funcionario podrá ser autónomo a la vez para completar su sueldo público.
1.10. Vamos a eliminar la Ley D´hondt. Vamos a reformar de una manera profunda la Ley
Electoral, para que ofrezca más poder al ciudadano y que establezca un vínculo mayor
entre el representante y el representado, con mayor control sobre él, dando así el
protagonismo a los ciudadanos.
Será una reforma que ponga solución a las disfunciones y anomalías de nuestro actual
sistema, para que todos los votos tengan el mismo valor.
En el que el candidato pueda ser conocido personalmente por sus votantes y, a la postre,
responda directamente ante ellos, evitando así la férrea disciplina de partido y el control
de quien, actúa como líder supremo, al confeccionar las listas electorales de forma vertical
y bajo mandato de los partidos, no de los ciudadanos.
1.11. Ningún partido político obtendrá representación en el parlamento nacional si no
obtiene más del 5 % del voto a nivel nacional.
1.12. Ningún partido político obtendrá representación en el parlamento autonómico o
corporación local si no obtiene más del 5 % del voto en una comunidad autónoma o
ayuntamiento.
1.13. Los representantes electos de los partidos políticos van a tener la obligación de
mantener abierta una oficina de atención al ciudadano, en función de su ámbito de
actuación local, regional o nacional para recibir a los ciudadanos, al menos, durante 8
horas a la semana.
1.14. Vamos a eliminar el Senado. Esto supondrá un ahorro de 61 millones de euros.
1.15. Vamos a disminuir el número de diputados del Congreso de los Diputados, así como
también, el número de los diputados autonómicos de los diferentes parlamentos
regionales.
1.16. Vamos a eliminar todas las subvenciones con dinero público a los partidos políticos
y sindicatos.
1.17. Vamos a eliminar todos los organismos ideológicos sufragados por el Estado para
fortalecer servicios públicos que sí son necesarios.
1.18. Vamos a eliminar todas las duplicidades de cargos y organismos, así como todos los
organismos articulados paralelamente al Estado.
1.19. Vamos a inhabilitar a perpetuidad para ostentar cargo público a todos aquellos
condenados por corrupción, administración desleal o cualquier otro delito que pueda
afectar a su actividad pública.
1.20. Vamos a eliminar el privilegio de los políticos de estar aforados, es decir, serán
juzgados por un juez ordinario como el resto de los ciudadanos. En España hay 250.000
aforados.
1.21. Vamos a eliminar todos los privilegios de los políticos (coches oficiales, sueldos
vitalicios, exenciones fiscales…)
1.22. Las promesas electorales van a tener carácter contractual. Todo aquel político que,
una vez haya obtenido el apoyo popular suficiente, no cumpla, pudiendo hacerlo, con las
promesas hechas durante la campaña electoral, responderá ante los tribunales por ese
incumplimiento.
1.23. Vamos a auditar, analizar y reformar el modelo de sistema autonómico, para dar
solución a muchas de las deficiencias que tiene. Vamos a identificar cuáles son sus
problemas estructurales, que vienen afectando a su correcto funcionamiento, para poder
proponer a continuación medidas de reforma.
El cambio sustancial de modelo de organización territorial que proponemos deberá
plantearse mediante reforma constitucional.
Vamos a poner en marcha un nuevo sistema de distribución competencial más claro,
adecuado a la realidad de España y contextualizado a nuestro momento, pensado para el
futuro y más garante con competencias como las de Educación, Sanidad, Seguridad y
Justicia, mediante su centralización inmediata. El modelo de financiación requiere un
acuerdo sustancial y equilibrado, sin que se vean en ello tratos de privilegio y se cree
división y desigualdad, para que la diferencia no cuestione la igualdad básica de los
derechos fundamentales, ni ponga en peligro el funcionamiento del conjunto como un
sistema eficiente.
Este modelo supondrá, de hecho, el fin del sistema autonómico tal y como está concebido
en este momento, para pasar a ser un sistema eficiente de gestión regional en el que no
van a existir duplicidades con la gestión estatal.
1.24. Vamos a eliminar el personal general de consulados y embajadas. Las tareas
burocráticas y de representación serán realizadas por los propios funcionarios. Esto va a
suponer un ahorro de 2.000 millones de euros.
1.25. Vamos a garantizar la separación efectiva entre los poderes legislativo, ejecutivo y
judicial, a través de la elección, de manera independiente y por separado, de los
representantes de los distintos poderes. Con esto se garantizará el control permanente
entre los poderes, es decir, si el poder legislativo y el poder ejecutivo son elegidos de
manera independiente, no responderán a los mismos intereses, por lo que ejercerán una
labor de control mutuo.
En cuanto al poder judicial, la elección de su órgano de gobierno ha de estar diferenciada
del resto, a través de todos aquellos que intervienen en su actividad, quedando libre de
intereses políticos. Los cargos del CGPJ, Tribunal de Cuentas o Tribunal Constitucional
dejarán de ser elegidos por los partidos políticos. Serán los propios jueces quienes elijan
a sus representantes.